La patronal del sector de la construcción ha solicitado al Gobierno un plan de reactivación similar al del automóvil. Inversión pública y desregulación para acabar con el stock de viviendas son las demandas con las que, asegura, crearán 240.000 empleos en tres años.
El sector de la construcción ha unido sus fuerzas tras cinco años de crisis para pedir al Gobierno un plan de reactivación similar al del automóvil, con una inversión de hasta 9.000 millones de euros en los próximos tres años con los que esperan crear 240.000 empleos, así como otras medidas de «desregulación» para dar salida al stock de 650.000 viviendas vacías que estrangula al sector.
Estas propuestas se incluyen en un plan de acción consensuado que se ha presentado en la sede de la CEOE, en el marco de la feria barcelonesa Construmat (21 y el 24 de mayo), para reactivar un sector que arrastra 1,5 millones de parados y 170.000 empresas cerradas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de la inversión pública.
El sector parte de que, asumidos los errores propios de la fase alcista, el sector de la construcción sigue siendo imprescindible para salir de la crisis y crear empleo. Así, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, dijo durante la presentación que «no se podrá recuperar el empleo si no se recupera la construcción».
Por ello, desde «la envidia sana» al sector del automóvil, también ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que celebre una cumbre con el sector en el marco de la Feria Construmat.
9.000 millones para infraestructuras
Antes de poder reunirse con el jefe del Ejecutivo, Lazcano ha reclamado de antemano que «cualquier holgura presupuestaria» que pudiera haber, por efecto por ejemplo de la reducción del coste de la deuda, «sería oportuno dedicarla al sector».
Así, el sector pide un plan de choque con una inversión pública en infraestructuras de 1.500 millones de euros en 2013, 3.000 millones en 2014 y 4.500 millones en 2015, lo que, a razón de 16 empleos nuevos por cada 600.000 euros invertidos, permitiría generar 240.000 empleos en tres años.
Según Lazcano, se trata de una inversión «modesta», ya que la situación del ladrillo haría necesaria una inversión «cuanto antes» de hasta 10.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB. Asimismo, el sector reclama un pacto concertado de inversión en obra pública para apostar por la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en la licitación de las obras.
Contra el stock, desregulación
En el ámbito residencial, otras de las propuestas persiguen la «desregulación normativa» para dar salida a las cerca de 650.000 viviendas en stock. Según ha explicado Lazcano, esta desregulación podría contemplar que las viviendas protegidas vacías -15.000, según cifras del sector– puedan ponerse en el mercado libre, que se reduzcan las reservas de suelo para VPO o incluso la posibilidad, que ya fue apuntada en su día por el Gobierno, de dar permiso de residencia a compradores de vivienda extranjeros.
En este punto, el presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), Manuel Galindo, precisó que la vivienda protegida que no puede ponerse en alquiler o venta «no cumple una función social», con lo que debería abrirse al mercado, y ha añadido también la posibilidad de que las viviendas libres, hasta unos precios máximos, puedan obtener los mismos beneficios fiscales que las viviendas acogidas a los planes de vivienda.
Más medidas
Asimismo, entre las reclamaciones del sector se incluye la petición de un interlocutor único e interministerial, que se comprometa a elaborar un Plan Estratégico para el sector, nuevas líneas de financiación y bonificaciones fiscales, estables a medio y largo plazo, para propietarios de viviendas en alquiler, así como el estímulo de la rehabilitación, en la que el sector calcula que por cada euro invertido se genera un 85% de actividad económica adicional.
En este sentido, el plan demanda un Programa Global Estratégico de Mantenimiento del Parque Público de edificios, y discriminar zonas y segmentos donde hay potencial de demanda de obra nueva para poder financiar promociones de viviendas.
Por último, el presidente de Construmat, José Miarnau, recalcó que es la primera vez que de forma permanente los agentes del sector suman sus esfuerzos y, aunque ha admitido que el sector «ha cometido los errores propios de las fases expansivas», ha subrayado que «es demasiado importante para que los poderes públicos los abandonen a su suerte».
«Pedimos al Gobierno, y a las administraciones públicas a todos los niveles que nos acompañen en esta nueva época. El sector público y privado deben cooperar para el bien común, que no es otro que el de crear riqueza. No se puede dejar bajo ningún concepto al sector en caída libre, ni se lo merece ni nos lo podemos permitir», añadió.
