Señala el arquitecto Peter Zumthor que “antes de conocer la palabra Arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido”. Hemos experimentado nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestro barrio, nuestra aldea, nuestra ciudad, nuestro paisaje y, por supuesto, nuestro territorio. La arquitectura, el urbanismo, la calidad del diseño y de la construcción o de la rehabilitación de los espacios públicos y privados que habitamos tienen un impacto directo en nuestras vidas.
La Arquitectura influye en nuestro bienestar, en nuestra salud física y mental, en la manera en la que nos relacionamos con los otros. Crea identidad cultural. Y, además, gracias a su capacidad transformadora, constituye un instrumento esencial para contribuir a alcanzar algunos de los principales retos que afrontamos como especie. Entre ellos, mitigar los efectos de una emergencia climática que ya estamos padeciendo en forma de olas de calor en meses atípicos, inundaciones y sequías; reducir desigualdades, mejorando, entre otras cosas, el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, y avanzar en el necesario reequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, paliando el fenómeno de la “España vaciada”.
Porque nos rodea en todo momento, la Arquitectura incide transversalmente en nuestra salud y en múltiples aspectos de la sostenibilidad. Por este motivo, por primera vez en nuestro país, una norma con rango de ley reconoce que “constituye un bien de interés general”.
La Ley de Calidad de la Arquitectura, que está en vigor en nuestro país desde el pasado 16 de junio, declara la utilidad pública y social de la Arquitectura y su importancia para el bien común. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la estrecha colaboración del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), representa un hito para la profesión, pero, sobre todo, para el conjunto de la población, ya que es la beneficiaria directa de una ley que, en su defensa de la calidad arquitectónica, coloca el bienestar de las personas y la preservación del planeta en el centro de las políticas públicas.
La descarbonización, la neutralidad climática, la economía circular, la eficiencia energética, el uso de energías renovables o la lucha contra la pobreza energética son algunos de los fines de la Ley de Calidad de la Arquitectura. Fines que, necesariamente, están vinculados a una transformación, profunda y generalizada, de nuestras viviendas y edificios y de nuestros entornos urbanos para que sean no solo más sostenibles, sino más saludables, más amables y mucho más humanos, como plantean la Agenda 2030 de la ONU, la Agenda Urbana Española y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
La descarbonización, la neutralidad climática, la economía circular, la eficiencia energética, el uso de energías renovables o la lucha contra la pobreza energética son algunos de los fines de la Ley de Calidad de la Arquitectura
Más del 50% de los 25,7 millones de viviendas que conforman el parque de viviendas y edificios en nuestro país necesita una rehabilitación urgente. En la mayoría de los casos, energética, ya que se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea de eficiencia energética, pero no podemos olvidar las carencias que existen en materia de accesibilidad, conservación y funcionalidad, como comprobamos en los momentos más duros de la pandemia del covid-19. La “ola de renovación” que van a permitir impulsar los fondos europeos Next Generation constituye una oportunidad única para modernizar el parque edificado en nuestro país y adaptarlo a los retos medioambientales y las necesidades de la ciudadanía, y hay que aprovecharla, pero no con medidas y soluciones cortoplacistas. Para optimizar esfuerzos, recursos e inversiones, hay que apostar por enfoques integrales.
El envejecimiento generalizado del parque de viviendas se traduce en altos niveles de contaminación (es responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera) y también de consumos de energía. La crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania, el incremento desmedido de las facturas de gas y de luz, una inflación desbocada y, lo peor, las personas que se enfrentan a una situación de pobreza energética, nos recuerdan que la asignatura pendiente es reducir, sobre todo, la demanda. Y para reducirla, maximizando las ayudas europeas a la rehabilitación y que sus efectos perduren a medio y largo plazo, esto requiere soluciones integrales que vayan más allá de la mera renovación de instalaciones.
Más del 50% de los 25,7 millones de viviendas que conforman el parque de viviendas y edificios en nuestro país necesita una rehabilitación urgente
Hay que ir a la raíz del problema, con programas de intervención que mejoren la habitabilidad, la eficiencia, la accesibilidad y la funcionalidad de las viviendas, ahorrando energía y reduciendo la demanda, que, de forma directa, repercutirá en el bolsillo de los consumidores a corto, medio y largo plazo. Necesitamos viviendas, edificios, equipamientos públicos e intervenciones urbanas que den respuesta a los retos y las demandas de la población del siglo XXI. En el instrumento europeo Next Generation, los países que integramos la Unión Europea estamos haciendo un esfuerzo económico ingente para superar la crisis económica derivada de la pandemia y avanzar hacia una Europa más sostenible. Se van a destinar los recursos de varias generaciones. Por eso, no caben pasos en falso, ni medidas cortoplacistas que, a medio plazo, nos van a devolver a la situación actual.
Para contribuir al bienestar no solo nuestro, sino al de las próximas generaciones, asegurando el futuro del planeta y optimizando recursos, necesitamos el saber técnico y humanístico que aúna la Arquitectura y las estrategias que nos ha legado a lo largo de la Historia. Hoy como nunca, necesitamos calidad arquitectónica como garantía de sostenibilidad en la triple vertiente económica, social y medioambiental.
