Palmira Chavero. Madrid.– La Ley Ómnibus, que tramita el Gobierno, sigue generando controversias, ahora en el sector de la construcción. Con esta ley, que nace de la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, se pretende liberalizar los servicios profesionales, de manera que profesionales de distintas titulaciones puedan competir en un mismo mercado. Entre otras limitaciones, esta ley establece, entre otras medidas, la no obligatoriedad del visado profesional de una obra, limitándolo a los casos en que el cliente lo decide.
Para luchar contra esta ley se ha creado la plataforma “Por una sociedad más segura”, tras la que se encuentran los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Ingenieros Aeronáuticos, Técnicos Aeronáuticos, Agrónomos, Técnicos Agrícolas, Caminos, Canales y Puertos, ICAI, Industriales, Técnicos Industriales, Minas, Técnicos de Minas, Montes, Técnicos Forestales, Navales y Oceánicos, Técnicos Navales, Técnicos de Obras Públicas, Telecomunicación, Técnicos de Telecomunicación, Técnicos Topógrafos, el Institutos de la Ingeniería de España, el Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de España y los Arquitectos Técnicos.
Su objetivo es claro: abrir una mesa de diálogo con el Gobierno en la que se tenga en cuenta su postura y, como mínimo, se aplace la puesta en marcha de la ley hasta diciembre, fecha de aprobación del Real Decreto de la Colegiación Obligatoria, que establecerá qué profesiones han de estar colegiadas. “El visado se creó por la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y como control de calidad, es un elemento de interés general y eliminarlo supondría dejar a la sociedad civil sin garantía de seguridad”, expone Manuel Acero, presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
Con el visado se certifica que el profesional que realiza la obra tiene la cualificación necesaria, que cumple toda la normativa, que el proyecto es realizable y tiene además un seguro de responsabilidad civil, “que cubre al ciudadano, que es el usuario final”, apostilla Edelmiro Rúa, presidente de la Unión de Profesionales de Colegios de Ingeniería. “Detrás de la desaparición del visado está la liberalización del mercado, pero es necesario que el servicio cumpla con todas las exigencias normativas, no puede disminuir la calidad ni la seguridad”, añade.
Para Gonzalo Meneses, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, justificar la eliminación del visado por la reducción del coste no tiene sentido, “supone sólo el 0,03% de los presupuestos de la obra, o incluso menos”, y los Colegios funcionan con el principio de autofinanciación, sin ánimo de lucro”. Y no es un tema baladí, habida cuenta de que, con la nueva ley, el visado lo podrá expedir tanto la Administración (nacional, regional o municipal), los Colegios o las empresas privadas.
Ingenieros y arquitectos consideran que las medidas de la Ley Ómnibus, en lo que al visado atañe, se han tomado de manera precipitada y es un error que acabarán pagando los ciudadanos. Por eso han unido sus fuerzas y están dispuestos a llegar a la vía judicial si no son escuchados en una mesa de diálogo con el Gobierno, “porque no se puede prescindir de quien ha estado ejerciendo durante tantos años”, sostiene Acero. “No nos vamos a detener. Iremos a donde haga falta”, advierte.
