La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) se suma a CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, en la demanda de la necesidad de aprobación de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997.
Tras 25 años de vigencia son necesarias nuevas normas, más modernas, más flexibles y más claras que deriven en un impacto positivo en la actividad económica en nuestra ciudad, en la inversión, en la generación de empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Para Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA: “La falta de acuerdo para aprobar la modificación de las Normas Urbanísticas es, sin duda, una mala noticia para la ciudad de Madrid. Contamos con una normativa urbanística muy obsoleta y esta modificación normativa es imprescindible para actualizar y adecuar el marco jurídico. Además, esta modificación ya adapta muchas de las novedades introducidas por La Ley Ómnibus, aprobada el 15 de diciembre por la Comunidad de Madrid, acortando el plazo de un año con que cuentan los Ayuntamientos para dicha adaptación.
La falta de acuerdo para aprobar la modificación de las Normas Urbanísticas es, sin duda, una mala noticia para la ciudad de Madrid.
“Tanto la Ley Ómnibus como la modificación de NN UU, van en la línea de un cambio de paradigma en la normativa urbanística hacia un urbanismo posibilista, en lugar de intervencionista, tal y como llevamos reivindicando desde el sector, que permita viabilizar proyectos e inversiones, con el consiguiente impacto en el empleo y el crecimiento económico en la ciudad de Madrid”, añade la presidenta de ASPRIMA.
Si bien el 9 de junio el Pleno del Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la mayor actualización urbanística de los últimos 25 años en la capital, de forma sorprendente, durante la sesión de la Comisión Extraordinaria del día 27 de diciembre de 2022, la modificación ha quedado rechazada con los votos en contra de Más Madrid, PSOE, Vox y Grupo Mixto.
ASPRIMA coincide con CEIM en que la urgencia de su aprobación deriva de la necesidad de materializar los importantes efectos positivos que estas nuevas normas van a tener en la actividad económica en nuestra ciudad para seguir posicionando Madrid como lugar tractor de inversión tanto nacional como internacional. Aplazar esta aprobación supone privar a la ciudad y a los ciudadanos de una serie de beneficios muy importantes.
Beneficios y cambios planteados
A nivel económico del conjunto de la ciudad, se estima que la modificación de las normas urbanísticas beneficiará a múltiples sectores y prevé un impacto en el PIB anual de la ciudad de 255,8 millones de euros y la generación de 4.381 nuevos empleos en la economía de la ciudad.
A nivel de habitabilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad de vida y mejora de las dotaciones al servicio de los ciudadanos, las nuevas normas darán lugar a mejores edificios para las personas, al permitir una serie de instalaciones y dotaciones que no computan edificabilidad, como son los elementos de mejora de la eficiencia energética del edificio, los cuartos de instalaciones en plantas de piso, los trasteros en planta baja, los elementos comunes de distribución con dimensiones mayores de las mínimas normativas para facilitar la accesibilidad, los espacios de recepción de paquetería o las terrazas descubiertas, tan demandadas tras la pandemia.
Se incorporan otras medidas que favorecen la disponibilidad de vivienda como la transformación de local a vivienda con adecuadas condiciones de confort, seguridad y accesibilidad o nuevas categorías residenciales para atender las demandas de los jóvenes y las familias (coliving y cohousing), además de establecer un programa de vivienda más adecuados a la realidad postpandemia.
En cuanto a las actividades económicas, entre otras, se permiten nuevas categorías dentro del uso industrial para dar cabida a las nuevas actividades industriales emergentes y las actividades de almacenaje logístico y de reparto a domicilio en suelo industrial, además de clarificar el concepto de aforo, evitando situaciones de riesgo por exceso de ocupación y facilitando la adecuación de las actividades existentes.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) que preside la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de CEIM, se une a esta preocupación ya que ambas organizaciones empresariales, consideran que el retraso en la aprobación de la modificación de las Normas Urbanísticas de Madrid supondría un enorme impacto negativo en el sector promotor y constructor en la ciudad de Madrid. No sólo porque se retrasaría de manera incomprensible la entrada en vigor de las ventajas derivadas de las nuevas Normas que han quedado expuestas, sino porque en este momento ya existen numerosos proyectos paralizados a la espera de la entrada en vigor de esta actualización normativa, con el consiguiente impacto en la actividad, el empleo, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad madrileña.
CEIM destaca, además, que la modificación de las Normas Urbanísticas de Madrid es un claro ejemplo de cómo la Administración puede generar más actividad y, por tanto, más ingresos tributarios, no a través de incrementos impositivos, sino removiendo obstáculos para el emprendimiento y estableciendo normas más flexibles y modernas que permiten más actividad, inversión y empleo y, por tanto, permiten ensanchar las bases imponibles; modelo que crea riqueza frente a la falta de estímulo a la inversión que provoca el aumento de la presión tributaria.
Por ello, ASPRIMA se suma a CEIM y pide a los diferentes partidos políticos que pongan los intereses de la Ciudad de Madrid por delante de los cálculos electorales y procedan a la aprobación del expediente de modificación del Plan General en el primer trimestre del próximo año.
