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El CSCAE exige que las ayudas extraordinarias para autónomos incluyan a los arquitectos

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) lamenta la grave discriminación a la que se está sometiendo a los arquitectos y arquitectas en las ayudas públicas para afrontar la crisis económica derivada del Covid19 y exige que las medidas extraordinarias aprobadas ayer ampliando la cobertura a autónomos los incluyan. Entre dichas medidas destaca la prórroga hasta el próximo 31 de enero de la cobertura ya existente por cese de actividad y la creación de una nueva prestación económica extraordinaria para cubrir a quienes no cumplen los requisitos de cotización exigidos en la norma. El CSCAE considera que los mismos fundamentos y supuestos que hacen necesarias estas medidas extraordinarias justifican su extensión a los profesionales de la Arquitectura que trabajan por cuenta propia y que están inscritos en el sistema mutual alternativo legalmente establecido.

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Durante los meses de confinamiento, los arquitectos y arquitectas vieron ralentizarse su trabajo como consecuencia de las medidas de seguridad para evitar el contagio masivo por coronavirus y, desde entonces, la actividad no solo se ha contenido, sino que ha acusado el impacto social y económico de la pandemia y los efectos derivados de ella. La situación se agrava ahora ante las incertidumbres que genera la evolución de la enfermedad. Los efectos de una caída de la actividad económica pueden hacer estragos en la construcción, un sector procíclico en el que las dificultades económicas generalizadas pueden repercutir en una caída de actividad muy pronunciada a partir de los próximos meses.

Ante una situación económica muy adversa, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, reivindica: “Es necesario que las medidas para proteger a los autónomos ante la crisis incluyan a los profesionales adscritos a mutualidades alternativas al RETA. El Gobierno no puede discriminarlos”. Los profesionales de la Arquitectura se enfrentan a esta nueva crisis sin haberse recuperado aún de la recesión económica anterior, en la que el sector de la construcción fue de los pocos que no recibió ayuda pública alguna.

Para el CSCAE, las diferencias jurídicas entre las mutualidades de previsión social y el RETA de la Seguridad Social no justifican la exclusión de los profesionales adscritos al sistema mutual de las prestaciones extraordinarias y urgentes habilitadas por el Gobierno con fondos públicos para mitigar el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus y que la salida de la crisis sea el resultado de un esfuerzo colectivo. Por la naturaleza de las medidas y puesto que concurren los mismos supuestos, no hay justificación objetiva para mantener esta discriminación. Por ello, el CSCAE seguirá actuando y adoptará todas las medidas que sean necesarias para subsanar un agravio que afecta a miles de profesionales y a sus familias con el objetivo de que “nadie quede atrás”.  

Las reivindicaciones de apoyo económico para el sector y sus profesionales y la equiparación en las ayudas públicas a autónomos y mutualistas son una constante desde que el Gobierno declaró el estado de alarma, el 14 de marzo. Para corregir la discriminación actual, el CSCAE ha mantenido una interlocución continua con representantes del Gobierno y con todos los grupos parlamentarios. De hecho, se han registrado iniciativas parlamentarias del PSOE y del PP que recogían la petición de hacer extensivas las ayudas a autónomos a mutualistas.

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