Ante la existencia de más de un centenar de planes urbanísticos anulados en toda España, es necesaria una nueva ley de seguridad urbanística que no implique la caída en cascada de toda la normativa derivada. En el marco de la decimosegunda edición de las Jornadas CGPJ-CSCAE, esta es la idea central que ha presidido la mesa dedicada al proyecto de ley de seguridad urbanística desarrollado en la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy y que, según la abogada del Estado Alicia Segovia y la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, está “listo para ser presentado, recogiendo la proposición de ley trabajada conjuntamente”.
En este sentido, Corredor se ha mostrado “optimista” y convencida de que “saldrá adelante” en cuanto las condiciones institucionales lo hagan posible. La sesión la ha moderado José Manuel Meléndez, arquitecto experto, presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses (AAPF) del Colegio de Arquitectos de Sevillla, y ha contado también con la intervención del magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde.
Alicia Segovia, redactora del texto articulado, ha destacado que la norma es “fruto del consenso político y de los interesados”, mientras que Fernández Valverde está convencido que la solución a la conflictividad urbanística “debe pasar por la simplificación” de la normativa. El magistrado ha apuntado: “Es posible que el Tribunal Supremo diga algo pronto sobre esta cuestión que pueda dar un cierto respaldo a la norma que parece en ciernes”.
Corredor, Segovia y Fernández Valverde han coincidido en la necesidad de articular un sistema donde la ausencia de alguno de los requisitos de documentación no comporte la nulidad de la norma general y dé la opción de subsanar errores u omisiones. Para el magistrado: “Hay que ver a qué partes de los planes afectaría la documentación ausente. Hay muchos supuestos en los cuales la nulidad se puede aislar, tanto desde el punto de vista temporal como del informe que lleva consigo”.
Alicia Segovia ha señalado que la nueva normativa limitaría el papel de la acción pública en las impugnaciones con el fin de “evitar el fraude de ley” y que esto imposibilite el desistimiento de la demanda a cambio de nulidad económica.
Después de una activa sesión de intervenciones por parte del público asistente, Juan José Meléndez ha cerrado la mesa afirmando: “La norma la necesitamos, indiscutiblemente. Es precisa, al margen del partido que la tramite. En otro espacio de estudio estamos los técnicos peritos. Los tribunales necesitarán la labor de un buen perito que pueda determinar qué se puede anular y qué no de ese documento. Allí está la formación”.
