Un 45 % de las empresas constructoras europeas afirma que podría contratar más empleados si sus clientes pagasen antes sus facturas, frente a un 33% que obtiene la media de todos los sectores económicos consultados. Es la principal conclusión que se extrae del Informe de Pagos por Sectores 2016 elaborado por Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa.
La morosidad representa una amenaza real para la supervivencia de las empresas del sector, casi un 46 % de las empresas encuestadas, evalúa las consecuencias de los retrasos en los pagos como de “medio a muy graves”, una cifra elevada si se compara con el 33 % que declara lo mismo en el resto de sectores. Entre las consecuencias que más preocupan a estas empresas están la falta de liquidez (54 %), el coste adicional que suponen los intereses (52 %) y el freno a su crecimiento (49 %).
Los costes generados por los retrasos en los pagos son también importantes: una media del 2,7 % de los ingresos anuales de los encuestados se lleva a pérdidas, frente al 2,4 % de otros sectores. Asimismo, el informe revela que un 40 % de las empresas constructoras se han visto obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los que les hubiera gustado. A pesar de estos datos, la situación no tiene perspectivas de mejora, ya que un 91 % de los encuestados confiesa que la evolución del riesgo de impago en su empresa en los próximos doce meses aumentará o permanecerá estable.
Situación en España
En España, el coste de la morosidad se estima que alcanza el 0,1 % del PIB. Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial editado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme, las empresas de textil y construcción son las que más tardan en cobrar sus facturas, con plazos medios de 96,9 y 93,8 días a cierre del primer trimestre de 2016, cifras que se han incrementado respecto al trimestre anterior, especialmente en el caso del textil (casi siete días más). Estos plazos resultan aún más llamativos cuando se comparan con la media europea, reflejada en este informe de Intrum, que se sitúa en los 28 días.
Desde Intrum Justitia se anima a las compañías a adoptar comportamientos que prevengan situaciones que puedan poner en riesgo su continuidad: “En España, quienes más sufren las consecuencias de la morosidad son las pequeñas y medianas empresas exportadoras a Europa, pues son organizaciones que disponen de menor músculo financiero para hacer frente a tal situación, y normalmente son las más expuestas a tener que aceptar condiciones menos ventajosas en el cobro de sus facturas” señala Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España. “Hay medidas que estas empresas pueden tomar para protegerse a sí mismas y preservar su capacidad de crecimiento que les sería interesante adoptar”, concluye.
